Actualidad Aseguradora

España tiene pendiente trasponer varias directivas en materia laboral, una de ellas es la referida a los salarios mínimos, un borrador que el Ministerio de Trabajo trasladó a los agentes sociales hace casi un año pero que no está previsto que llegue al Consejo de Ministros en el corto plazo. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, indicó en rueda de prensa que el texto se encontraba a la espera de que «culminen los informes por parte de otros ministerios y resto de órganos consultivos» para después mandarlo al Consejo de Estado, el órgano que hace apenas unos meses emitió un dictamen rotundo contra el reglamento que quiere reformar el registro de jornada para que sea digital.

Se trata de un texto especialmente crítico, en tanto que genera una oposición radical en CEOE y a la par, fue la condición fijada por los sindicatos CCOO y UGT para suscribir el incremento del SMI del 3,1% -a 1.221 euros- a comienzos de año. La propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, publicó un vídeo en redes sociales tras la firma del preacuerdo en el que garantizaba a los ciudadanos que «vamos a acabar con una mala praxis empresarial que estaba afectando a vuestros salarios» y que ahora «los trabajadores tendrán las dos cosas, el SMI de 1.221 euros al mes y los complementos que tengan». Una vez iniciado septiembre, fuentes al tanto del proceso, prevén que el cambio se retrase hasta 2027.

La ministra se refería a las reglas de absorción y compensación de los complementos salariales, que están avaladas por el Tribunal Supremo, pero que no comparten ni Trabajo ni los sindicatos. Estas permiten que las empresas recorten o eliminen los complementos que ya tenían reconocidos sus trabajadores como vía para no tener que incrementar apenas los salarios de sus trabajadores cuando se aprueba un incremento del SMI. De acuerdo con CCOO y UGT, los más afectados son los trabajadores que están inmediatamente por encima de esta referencia y a los que se deja de compensar por tener un trabajo peligroso, contar con idiomas o tener más disponibilidad.

No obstante, esta premisa choca con la pauta marcada por el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 27, que regula las revisiones del SMI. «La revisión del salario mínimo no afectará a la estructura ni a la cuantía de los salarios profesionales cuando estos, en su conjunto y cómputo anual, fueran superiores a este» establece la normativa laboral. Es por ello que tanto los empresarios como un gran número de expertos en materia laboral han advertido que un cambio en este sentido supondría alterar la estructura de los salarios acordada en los convenios o acuerdos individuales y por tanto, una injerencia en los espacios de negociación que, además, se tendría que hacer mediante una ley.

El periodo medio de tramitación de un reglamento de estas características está situado entre cuatro y ocho meses, sin embargo, este tiempo varía sustancialmente en función de la voluntad política y el consenso que reúna cada proyecto dentro del Consejo de Ministros. Es sabido que la patronal que encabeza Antonio Garamendi ha trasladado a Economía los daños que entienden que acarrearía esta iniciativa, que entienden que busca modificar el Estatuto de los Trabajadores y que por tanto, excede el ámbito reservado para un real decreto. En su lugar, entienden que el Gobierno debería impulsar la modificación en una ley que tendría que ser sometida a votación en el Congreso.

A diferencia de lo sucedido con el decreto del registro de jornada, en esta ocasión, Trabajo no ha querido señalar a Economía como el freno que está demorando su tramitación, si bien, la patronal confía en que el vicepresidente primero sea sensible con las preocupaciones que le han trasladado. El proceso de audiencia pública, en el que todos los interesados pueden enviar aportaciones sobre el borrador elaborado por el ministerio que encabeza Yolanda Díaz concluyó en el mes de marzo, desde entonces, los equipos técnicos de los departamentos del Gobierno trabajan en sus comentarios y después, el Consejo de Estado tendría un periodo de hasta dos meses para enviar su dictamen.

Lo habitual es que el proceso de consultas con los agentes sociales sobre la revalorización del SMI comience antes de que termine el año, por lo que ambos procesos se podrían solapar si el trámite interno del Gobierno no se acelera este mismo mes. En los últimos ejercicios, la formalización de esta mesa en la que participan los representantes de los sindicatos y de la patronal se ha retrasado hasta el inicio del año por la presentación del informe que elabora la comisión asesora del SMI. En cualquier caso, los sindicatos consideran que la aprobación previa de esta reforma es una condición para sentarse a hablar de la revalorización de 2027, en la que Díaz quiere compensar la subida de precios.

«De no aprobarse el real decreto del SMI que se recogía en el acuerdo que firmó el presidente del Gobierno para la fijación del SMI de 2026, no pactaremos un próximo SMI» traslada el secretario de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas de CCOO, Javier Pacheco, a elEconomista.es. El portavoz del sindicato considera que todavía hay tiempo suficiente para hacerlo y que la fase de presentación de informes internos debería concluir cuanto antes, ya que los ministerios afectados por esta norma tienen el tiempo a su disposición desde el mes de febrero. Una opinión que comparten desde UGT, ya que ambas organizaciones advirtieron antes de verano que dejarían de participar en pactos sociales si después no había ninguna garantía de que se iban a materializar en el BOE.

El precedente más cercano es precisamente el también pendiente real decreto para reformar la normativa sobre el registro de la jornada laboral. El Consejo de Estado emitió su dictamen a finales de marzo y pese a la intención de Trabajo de impulsarlo al Consejo de Ministros omitiendo el criterio de este órgano -que es consultivo pero no vinculante-, todavía no ha llegado a la reunión del Gobierno por las discrepancias manifiestas con la cartera que encabeza Carlos Cuerpo. Para la patronal, la redacción del registro de jornada era menos problemática, por lo que la posición de Economía podría incluso endurecerse en este segundo texto, pero aún no lo ha valorado en público.